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Entrevista sobre acoso escolar

Entrevista sobre acoso escolar publicada en el diario La Nueva España el 9/01/2018:

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La otra realidad del acoso escolar

Artículo sobre acoso escolar publicado en el diario La Nueva España el 7/01/2018

Entre sorprendido e indignado acabo de leer su artículo de 20 de diciembre, en que una supuesta generalidad de maestros alertaba sobre la falsedad de la mayoría de las denuncias por casos de acoso escolar en el Principado de Asturias, dato convenientemente refrendado por el señor consejero de Educación. Se da la circunstancia de que los datos señalados tan categóricamente hacían referencia al curso 2016/2017, año en el que ejerciendo como psicólogo sanitario, y sólo en Oviedo, yo mismo he tratado más casos de acoso escolar de los que el señor consejero, arropado por sus acólitos, reconoce para toda Asturias. Esto me lleva pues a pensar que, impregnado de espíritu navideño, o bien está ornamentando los datos para endulzar los informes políticos de fin de año, o bien está confundiendo sus buenos deseos con la realidad de los centros a su cargo, donde muchos alumnos sufren un auténtico infierno día tras día.

Sin embargo, y al margen de la vertiente política, más hiriente es el pomposo despliegue de cinismo manifestado por alguno de los directores de los colegios e institutos que acudieron al evento, indignándose y denunciando públicamente el teórico grado de histeria de ciertos padres que, a fin de cuentas, sólo buscan que sus hijos vayan al centro escolar en condiciones de seguridad, garantía que, por cierto, la ley exige a los centros.

Así que, sin divagar más y yendo a lo concreto, me pregunto si entre esos encolerizados y pomposos maestros estaría la directora de un centro de primaria que cuando recibió la exigencia de una madre para que pusiera fin al ciclo de acoso de su hijo, respondió diciéndole que lo mejor era “que lo cambiara de colegio”. Me pregunto si entre ellos estaría la orientadora que tuvo la desfachatez de decirle a una alumna que sufría acoso, que no tenía por qué contar a su madre todo lo que ocurría en el centro ya que “la preocupaba”; o aquella otra que ante la petición de una psicóloga a su paciente de que escribiera un diario con todo lo que ocurría en el centro, respondió acentuando lo inapropiado del ejercicio porque “a ver qué era lo que iba a decir la alumna y qué imagen se podía dar de su colegio”. Me pregunto si entre ellos estaría el profesor que recomendó a su alumna acosada que se llevara “un libro a la biblioteca en el recreo o un cuadernillo de sudokus porque hay que aprender a estar sola”, etc…

Todo ello por no mencionar las exigencias de algunos padres de niños acosadores, que antes de reconocer la miseria de sus propios hijos y repudiar la pésima actuación de los centros donde los han escolarizado, prefieren agravar el ciclo de acoso participando en el mismo. Un ejemplo lo hemos visto esta mañana en el bochornoso y repugnante abucheo de un centro de Avilés por parte de unos padres, que seguro que son los primeros en rasgarse las vestiduras con gran impostura cuando ven a una madre como la del presunto asesino Rodrigo Lanza justificando las atrocidades de su hijo vendiéndolo como víctima.

Así, ante todos estos hechos vivenciados en primera persona por sus protagonistas y alguno por mí mismo, me gustaría apuntar lo desacertado del titular utilizado. En primer lugar, porque no todos los maestros participan de tal visión y, en segundo lugar, porque se echa de menos, y mucho, la visión de psicólogos que han tratado casos de acoso, la perspectiva de familias de niños acosados e, incluso, el relato de los propios niños que sufren a diario conductas absolutamente mezquinas. ¿Han pensado ustedes cuál puede ser la reacción de una víctima ante su lectura? Probablemente la misma que la que tenían hasta hace no mucho tiempo las mujeres víctimas de violencia de género, que se veían doblemente juzgadas por la sociedad, primero por el hecho y después por las dudas sobre su denuncia, hecho que en muchas ocasiones frenaba su acusación.

El intento de vender una realidad inexistente y artificial para fingir seguridad y tranquilizar conciencias es entendible desde el punto de vista psicológico. El llamado motivo social de confianza es aquel que facilita al ser humano pensar que vive en un lugar relativamente seguro donde su integridad física y psicológica no se ven alteradas. Este principio tiene su sentido, ya que en caso contrario la activación que generaría saberse permanentemente en peligro conllevaría un estado de ansiedad y miedo que dificultarían mucho afrontar el día a día. Pero cuando esto nos lleva a culpabilizar a la víctima y denegarle la ayuda que precisa, se convierte en un mecanismo absolutamente detestable, lo defiendan individuos aislados o el propio sistema.

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A vueltas con el acoso escolar

Año y medio después de publicar en su diario la carta al director titulada “Otro caso de acoso escolar” (09/03/2015) a cuenta de un caso en un centro educativo de la ciudad, y tras atender en consulta a otro buen número de chavales víctimas de acoso escolar, presente o pasado (las consecuencias psicológicas del ciclo de acoso pueden prolongarse mucho tiempo después de que éste haya desaparecido), la situación no puede ser más desesperanzadora.

El caso de la niña de Baleares y del alumno de Olula del Río han vuelto a traer a la actualidad el problema, añadiendo al tema una cierta carga de indignación social más que justificada, que, no obstante, volverá a olvidarse dentro de unos días. A pesar de todo, estos casos son interesantes por ser verdaderamente prototípicos de lo que supone un caso de “bullying”.

En primer lugar, muestran la culpabilización de la víctima y la falta de consecuencias negativas que estos hechos tienen para los acosadores. Sobre esto poco se puede decir, salvo que una sociedad que sitúa por encima del bienestar de las personas las excusas jurídicas y las argumentaciones sobre los procesos normativos es una sociedad enferma. Tampoco hace falta ser psicólogo para comprender que si uno ejecuta una conducta negativa sin consecuencia alguna, o incluso con cierto refuerzo positivo (como lo es la sensación de poder), la conducta tenderá a repetirse. No olvidemos que en un grave caso como el de Baleares la irrisoria expulsión de 3 a 5 días sólo se produjo días después del hecho y muy probablemente debido al eco mediático del acontecimiento. Eso por no mencionar la forma de acoso secundario más adulto que suele darse entre las familias de acosadores y acosados cuando los primeros se ven expuestos y que también puede comprobarse en el caso de las islas.

En segundo lugar, exponen la falta de respuesta del centro. Este contexto resulta de especial relevancia, pues es el que determina que la situación de acoso pueda cesar de forma inmediata o se perpetúe y agrave en el tiempo. Así, puedo describir cómo un centro de nuestra ciudad detuvo un caso de acoso en menos de tres días por la valiente y contundente intervención de una docente, y cómo otros dos (cuyo nombre obvio por confidencialidad y no, desde luego, por no tener ganas de gritarlo públicamente) lo empeoraron al intentar priorizar y proteger la imagen de la institución frente a su responsabilidad en proteger a los alumnos acosados, problema que se suele dar en aquellos centros que se ven a sí mismos como empresas en búsqueda de clientes y no como lo que son, o deberían ser, instituciones educativas. No es, por tanto, una cuestión de recursos y formación, sino de voluntad, que, eso sí, suele llevar aparejada como daño colateral para el docente que actúa una cierta complicación de su vida. En el caso de Baleares, según la información publicada, se dio una absoluta pasividad docente, donde no había vigilancia alguna en el lugar de la agresión (ignorando su obligación de velar por la seguridad de los alumnos) y donde los profesionales del centro no tuvieron ni siquiera la decencia de trasladar a la menor al recinto hospitalario, siendo la propia madre de la agredida quien hubo de hacerlo.

Y, finalmente, evidencian la actuación siempre autoexculpatoria de las administraciones públicas, que, independientemente de su ámbito competencial, rápidamente minimizan los hechos y se apresuran a señalar la inexistencia del caso de acoso calificándolo como conflicto o agresión puntual (el equivalente a echar la culpa al muerto en los casos de accidente, no sea que la Administración tenga que asumir gastos). Seguramente, si en el caso mallorquín el agredido hubiera sido el hijo del inefable fiscal, no hubiera tenido la frívola osadía de calificar como leve la agresión o las lesiones. También hay que reconocer, no obstante, que la Administración ha tomado rápidamente medidas contundentes, como revisar el plan de convivencia, los reglamentos de régimen interno y, seguramente, todos los manuales de convivencia cívica publicados en nuestro país, con la enorme eficacia que, como todos imaginamos, estos cambios tendrán en la lucha contra el acoso. Al menos esta vez, y aunque sea por la alarma social generada, el Ministerio ha implantado un número de teléfono contra el “bullying”, el 900018018, que comenzará a operar a partir del 1 de noviembre y que esperemos tenga una eficacia real, no siendo un mero movimiento efectista para cubrir el expediente mientras dure la tormenta.

En resumen, que todo apunta a que seguiremos viviendo casos de acoso a diario, también en Asturias, que solamente pasarán a los medios de comunicación cuando las consecuencias de los mismos sean difíciles de ocultar por su gravedad extrema. Mi experiencia me dice que los afectados tendrán que seguir guerreando contra el acoso y contra el sistema, y por eso ante cualquier situación de este tipo mi consejo siempre es el mismo: denuncia inmediata ante los organismos pertinentes y ante los medios de comunicación. Desgraciadamente, sólo cuando los daños los sufre uno mismo (aunque sea por cuestión de imagen), es cuando algunos se deciden a actuar.

Salud y libertad…

Carta al director publicada en el diario “La Nueva España” el día 24/10/2016

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Otro caso de acoso escolar en Asturias

Parece ser, como señala este diario, que tiempo después del triste suceso ocurrido en el colegio Santo Ángel de Gijón se ha producido un nuevo caso de acoso escolar en Asturias, ahora a una niña de 11 años de un centro público de Oviedo.

Es obvio que el acoso escolar es un problema en el que influyen múltiples variables que van desde las personales y psicológicas, hasta las escolares y sociales, y que por tanto una intervención adecuada debe abarcar todas ellas, con la consecuente implicación de alumnos, familias, centro y Servicios Sociales. Pero no es menos cierto que, en ocasiones, la labor de las instituciones educativas parece más encaminada a deshacerse del problema que a atajarlo de forma eficaz.

Así, no es extraño ver casos en consulta donde la minimización y el ocultamiento por parte de los centros escolares, en ocasiones por desconocimiento y en ocasiones por las negativas consecuencias publicitarias que acarrearía para éste que tal situación trascendiese, parecen primar sobre el intento de resolución del problema en la propia institución.

Y no deja de ser curioso que en este caso se haya producido de nuevo la que suele ser la típica solución estándar en procesos semejantes, el cambio de centro de la víctima, una nefasta estrategia que supone la culpabilización de ésta (se envía el mensaje de que el problema está en ella), y un nuevo triunfo de los acosadores, que ya se encargarán de difundir su hazaña al nuevo centro donde se escolarice, lo que puede propiciar el reinicio del ciclo de acoso.

Desgraciadamente, ésta parece ser la maniobra más asequible y habitual ante las complicaciones y costes (no sólo materiales, también organizativos) que puede originar el poner en marcha una estrategia global contra el acoso en un centro, más allá de las obligadas explicitaciones burocráticas en forma del plan de convivencia que se incluye en el reglamento de régimen interno, y que no suele pasar de ser simple papel mojado para cumplir con la Administración.

Es vergonzoso que sea necesario recordar que un centro tiene que garantizar en sus instalaciones, en primer lugar porque está obligado por ley, la seguridad de los alumnos y que debe velar por que las condiciones sean las más adecuadas para llevar a cabo las tareas de enseñanza-aprendizaje. Y es más vergonzoso aún que los padres tengan que comenzar un vía crucis legal y administrativo para algo tan básico como garantizar la seguridad de sus hijos mientras la Administración sigue limitándose a avalar la estrategia de derivar el problema, desentendiéndose del mismo.

Publicado en el diario “La Nueva España”, 09/03/2015. Ver en la edición digital

Salud y libertad…

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